El pretexto para entregar servicios que debe prestar el Estado, a la empresa privada, ha sido el de falta de recursos para construirlos y administrarlos. Esto se ha hecho por medio de figuras como la gestión interesada y la concesión de obra pública. No vamos a entrar a analizar si el sistema es bueno o malo en si, sino si el Estado es al menos capaz de hacer cumplir con los compromisos que adquieren estas empresas.
No nos vamos a referir al caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, secuestrado hace más de seis años por la empresa ALTERRA, por ser harto conocido y haber sido muchas veces denunciadas las irregularidades de este contrato. Nos interesa referirnos a la forma en que se ha manejado por parte del Estado la concesión de Puerto Caldera.
Según indica la Contraloría General de la República en DFOE-OP- 5-2009, el cual se puede consultar en la página web de la Contraloría, la Supervisión por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, ha sido totalmente deficiente, lo que no ha permitido verificar que los procesos constructivos y de mantenimiento de la infraestructura hayan sido los adecuados y que el monto supuestamente invertido por las concesionarias, el cual se traslada a todos los usuarios por medio de tarifas sea el correcto. Indica la Contraloría que el INCOP ha sido deficiente en el momento de organizar y dotar de recursos a la Secretaría de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Supervisión y Control.
Persecución a la Secretaria de Fiscalización:
Agregamos nosotros que el INCOP no solo ha sido deficiente, sino que ha sido poco transparente y ha tratado de obstaculizar las labores de la Secretaría de Fiscalización. Recordemos que hace poco meses, la señora Secretaria de Fiscalización, LEDA AGUILAR, fue sometida por orden de la Junta Directiva del INCOP a un proceso administrativo, aparentemente por haber indicado que debía cobrarse una multa por incumplimiento a una de las concesionarias. Las altas autoridades del INCOP, hicieron un absoluto ridículo y la Fiscalizadora resultó absuelta en ese proceso. Entonces cabe preguntarse, si la Fiscalizadora tenía razón, se le aplicó la multa correspondiente a la concesionaria? , ya que en caso de no hacerse los responsables de su pago serían los funcionarios de la Junta Directiva del INCOP quienes no solo no acogieron la recomendación de la Secretaría de Fiscalización, sino que, aparentemente montaron todo un proceso persecutorio contra una funcionaria pública que solamente cumplía con su deber.
El negocio de la Chatarra:
Desde hace varios meses se viene rumorando en círculos políticos sobre la venta ilegal de la chatarra que se produjo como consecuencia de la remodelación de las bodegas de Puerto Caldera. Según denunció el Semanario Universidad en su edición del 22 de abril de 2009, altos funcionarios de la Sociedad Portuaria de Caldera encabezados por el Gerente Julio Ospina, vendieron en una suma cercana a los doce millones de colones la mentada chatarra, sin que dicha suma se registrara en la contabilidad de la empresa ni los dineros obtenidos ingresaran a las cuentas corrientes de la empresa. Esta irregularidad fue denunciada por los socios costarricenses de la Sociedad Portuaria de Caldera José Pablo Chaves y Javier Sandoval. Como resultado de la investigación fueron despedidos entre otros el propio Ospina y Emilio Vargas, hermano del Ministro Marco Vargas.
Chatarra por chatarra:
Según se rumora, las bodegas construidas por la empresa concesionaria para sustituir a las convertidas en chatarra, no cumplen con las características técnicas mínimas de construcción, por lo que presentan serios daños, a pesar de que no tienen ni un año de construidas. Además, aparentemente fueron construidas por empresas colombianas sin reconocimiento ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Llama la atención este hecho, sobre todo si se toma en cuenta que una de las socias costarricenses de la Sociedad Portuaria de Caldera es la empresa SARET DE COSTA RICA, empresa con gran trayectoria y prestigio para realizar este tipo de obras.
La pregunta, de ser ciertas estas afirmaciones es quién deberá cubrir con las pérdidas por estas construcciones deficientes sobre todo que el contrato firmado entre el estado costarricense y las concesionarias indica que la administración concedente se compromete a ser vigilante y fiscalizadora en todo momento del contrato.
Incumplimientos de la empresa IMSA
Llaman también la atención los incumplimientos reiterados de la empresa IMSA Ingenieros Consultora S.A., quien fue contratada por la suma de dos millones de dólares para brindar asesoría al INCOP en las labores de supervisión de la construcción y remodelación de las obras portuarias y a la vez de la concesión de la carretera San José- Caldera. Esta empresa, que se rumora es propiedad de la familia del ex Ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata,, ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República por sus incumplimientos en ambos contratos.
Además, uno de sus consultores es el representante en Costa Rica de la empresa ROYAL HASKONING, empresa que ha asesorado a la concesionaria en determinar los costos de la nueva terminal granelera, lo que aparentemente constituye un abierto conflicto de intereses.
Cabe destacar que la empresa ROYAL HASKONING, se encuentra también estrechamente ligada a la concesiones de los muelles de Limón.
Conclusión:
Los hechos anteriormente denunciados, no por nosotros, sino por la Contraloría General de la República, vienen a demostrar que el Estado Costarricense, por incapacidad o por complacencia, no ha podido llevar un adecuado control de las concesiones otorgadas. Por tanto, no se puede permitir que se sigan entregando en concesión los bienes del estado, hasta que éste demuestre que cuenta con la estructura y con la gente honesta necesaria, para que esta figura no se convierta en el negocio de unos pocos. Desde ahora, instamos a las fuerzas vivas del país a oponerse a la concesión de los puertos de la zona atlántica, hasta tanto los hechos expuestos no sean aclarados.
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