Parece que el proyecto de ley que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, con el fin de garantizar, aunque sea teóricamente el derecho a la sindicalización en Costa Rica, ha desatado la ira de los plumarios de siempre. El plumario mayor del casi quebrado diario llorentino, ha despotricado sobre la ingratitud de los sindicatos costarricenses que según él han desacreditado al país, simplemente por denunciar la hipocresía del gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo.
El derecho a la sindicalización, que se consagra en la Constitución Política, no fue un regalo generoso de los gobernantes costarricenses de antaño. Fue una lucha del partido comunista formado por zapateros e intelectuales con inquietudes de justicia social. Este sindicalismo tuvo su bautismo de fuego en la zona bananera cuando se enfrentó a las atrocidades que cometían contra los trabajadores las empresas bananeras. Su bautismo fue con sangre de muchos linieros masacrados por el tristemente recordado Coronel Gallegos.
Posteriormente, el sindicalismo se refugió en el sector público en donde era al menos respetado o soportado en apariencia. En el sector privado, fue desapareciendo ya que quienes trataban de establecer un sindicato prácticamente sellaban su suerte en la empresa.
Como en todo movimiento, han existido sindicatos entreguistas y dirigentes corruptos, pero también, en su gran mayoría han existido dirigentes que han intentado dar la lucha y cometido el peor delito que se puede cometer en Costa Rica. Denunciar la corrupción del gobierno. Por ese motivo, reproducimos un extracto de una denuncia que nos llegó hace varios años pero que no ha perdido vigencia.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez , se fundó por medio de la ley 8204, el Instituto Costarricense sobre Drogas, como resultado de la unión de CENADRO y de CICAD. Esta súper institución, según sus creadores venía a librar al país de todos los problemas con las drogas. Años después nos damos cuenta que no ha servido para nada, porque ahora nuestro país exporta droga hasta en tiburones embalsamados.
Con esa ley, los principales perjudicados podían ser los empleados de ambas instituciones, porque sus derechos nunca les fueron respetados, aunque se introdujo dentro de la ley un artículo que supuestamente respetaba sus derechos, pero, su redacción era tan ambigua que podría ser interpretado de cualquier forma. Daba la ley además, un plazo de nueve meses para que se estructurara la nueva institución. Esta reestructuración le fue encomendada a viceministra de la Presidencia de ese entonces, Patricia Vega Herrera. Desde su oficina ubicada en la cloaca de Zapote, esta fascista elaboró una lista para despedir a más de veinticinco empleados, cuyo único delito parece haber sido oponerse a sus fascistas arbitrariedades. Además, porque tenía que dejar espacio para nombrar a algunos de sus allegados. Pero para desgracia de esta hitleriana funcionaria, esta lista se filtró, por lo que algunos de los empleados se organizaron como una seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
En ese momento la viceministra fue ascendida por Abel Pacheco a Ministra de Justicia y ocupó su lugar Randall Quirós Bustamante, testaferro incondicional del bachiller Ricardo Toledo, vapuleado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana y hoy embajador del gobierno de Oscar Arias.(Hacemos esta digresión nada más en honor de aquellos ingenuos ciudadanos que aún dudan que los Partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, son la misma mierda).
Poco tiempo Quirós, con la complicidad del vacilante Director General de dicho Instituto, descabezaron el naciente movimiento sindical y se dedicaron, ahora sí, sin el temor de la denuncia, a la repartición del botín que tenían en sus manos.
Despidieron con un alto costo a varios empleados de la institución, con el fin de nombrar a personas de su confianza, sin haber probado en ningún momento ineptitud o corrupción de funcionarios despedidos. Otros funcionarios en los que se habían invertido millones de colones en capacitación, prefirieron abandonar la nueva institución nauseabunda antes de seguir soportando las órdenes de funcionarios serviles e incapaces.
Hoy se ven los resultados. El cacareado Instituto es una institución más, que como la mayoría del Estado costarricense no sirve para nada, gracias a la ineptitud y corrupción de los gobernantes.
Es por esto que en Costa Rica, los sindicatos siempre serán mal recibidos por los gobiernos, porque constituyen un estorbo para la repartición de los puestos públicos entre sus adeptos.
Mientras el gobierno de Costa Rica, con la hipocresía que lo caracteriza, continúa cacareando el respeto a la libertad sindical, la cual nunca ha respetado.
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