Parece que uno de las cualidades de los legisladores además de su estupidez, casi generalizada, es su amnesia permanente. Está fresco todavía el escándalo de la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), que brindó información a delincuentes comunes para que cometieran estafas con cuentas corrientes de ciudadanos valiéndose de su acceso a información privilegiada y sin que se haya dilucidado este caso vergonzoso, emiten otra ley dándole facultades de hurgar en cuentas corrientes a una entidad gemela a la Dirección de Investigación y Seguridad, el Instituto Costarricense sobre Drogas.
Bajo presiones de las Naciones Unidas (léase gobierno de los Estados Unidos), quien usa este inoperante ente cuando le sirve a sus intereses, se acaba de aprobar otra ley, que abre las cuentas corrientes a otra entidad también adscrita a la Presidencia de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas. El pretexto usado para reformar la ley de psicotrópicos, mediante esta nueva ley fue el evitar el financiamiento al terrorismo y las presiones de que Costa Rica sea declarada paraíso fiscal.
El primero de los argumentos, caballo de batalla para la sistemática violación de los derechos humanos por parte del anterior gobierno gringo ya está suficientemente desprestigiado, por lo que ni siquiera vale la pena analizarlo.
En el segundo caso uno se pregunta. Por qué un país pequeño cuyo sistema de seguridad es precaria debe de destinar sus escasos recursos para recolectar los impuestos al gobierno gringo, para que éste emplee estos fondos en paliar la crisis causada por una gavilla de ladrones, (léase banqueros y corredores de bolsa), que asaltaron los ahorros de mucha gente en nombre del libre mercado?
El error garrafal de los diputados que aprobaron este adefesio de ley fue encomendarle la labor de hurgar las cuentas corrientes y otras transacciones bancarias al Instituto Costarricense sobre Drogas, apéndice del Ministerio de la Presidencia, en el cual el ministro de turno siempre ha metido sus sucias manos. Esto no es un organismo técnico aunque así lo quieran pintar Es un organismo político y que puede ser usado en cualquier momento en actividades represivas y delictivas como ya lo fue la DIS.
Además, la legislación costarricense ya contemplaba la apertura de cuentas corrientes y operaciones contables, pero bajo la dirección de un Juez. Aunque el Poder Judicial últimamente anda de capa caída, siempre será más confiable la actitud de un funcionario judicial que la de un funcionario público, cuya permanencia en el puesto está muchas veces sujeta al capricho de un funcionario netamente político como el Ministro de la Presidencia.
En entrevista del Diario La República al licenciado Andrés López se afirma que “Hay una voluntad concreta de darle facultades al Poder Ejecutivo para que realice una actividad proactiva en la prevención contra el lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.”Uno se pregunta si esta actividad proactiva irá a cubrir el lavado de dinero que siempre se desata durante las campañas políticas para el financiamiento de los Partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional y si la labor proactiva incluirá la investigación de las declaraciones dadas por la senadora colombiana Piedad Córdoba quien manifestó que existen en el país dinero sucio de paramilitares invertido en actividades bananeras y actividades portuarias. O esta labor proactiva será canalizada para perseguir y hostigar a quienes no están de acuerdo en la labor depredadora del gobierno?
Lo más seguro este flamante Instituto hará lo mismo que hizo cuando se desató la avalancha del dinero dudoso en la campaña de Abel Pacheco. Como muchos de esos cheques estaban girados a favor de la entonces Ministra de la Presidencia, se guardó un conveniente silencio.
Sigue diciendo el Diario La República “Como órgano o entidad pública que es (el Instituto Costarricense sobre Drogas), está sujeto al principio de legalidad establecido en la Constitución Política y en la Ley General de Administración Pública”. Esta peregrina explicación se cae por su propio peso. A esta misma Constitución y esta misma ley estaba sometida la Dirección de Investigación y Seguridad cuando cometió las atrocidades por todos conocidas.
A nosotros como ciudadanos este nuevo adefesio salido de los corrales de Cuesta de Moras no nos pone en peligro, porque el día en que quieran investigar nuestras cuentas lo único que pueden encontrar son nuestros exiguos salarios. Si nos indigna que se viole un principio fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, pero ya estamos acostumbrados a esto.
Recordemos que las fotos del padrón electoral, están en las páginas de la empresa privada DATUM, sin que el Tribunal Supremo de Elecciones haya podido explicar si esto se debió a corrupción de alguno de sus funcionarios o si se trata de una donación desinteresada del gobierno a la empresa privada.
Pero los grandes millonarios de este país e inversionistas extranjeros, si deberían preocuparse. Ya que en el futuro no deberían extrañarse si algún día, son secuestrados ellos o sus familiares y les piden como rescate el monto exacto que mantienen en sus cuentas corrientes. Se podría tratar de una coincidencia como las sucedidas en la DIS.
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