sábado, 24 de abril de 2010

JOSE ANTONIO LOBO DEBE SER JUZGADO

El primer día del juicio contra el ex presidente de la Republica Miguel Ángel Rodríguez, varios de los abogados defensores de los imputados, objetaron el arreglo hecho por la Fiscalía con uno de los principales autores de ese fraude contra el Instituto Costarricense de Electricidad y los usuarios del sistema de telefonía móvil, José Antonio Lobo Solera.

Debe recordarse que Lobo, en el momento en que se favoreció a la empresa ALCATEL, ocupaba el puesto de directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, posición de la que se valió para ponerse en contacto con los representantes de la empresa francesa para proponerle el trato inmoral del que se beneficiaron varias personas. Lobo, por medio de las cuentas corrientes de su esposa, recibió y repartió las mordidas provenientes de la empresa ALCATEL.

Por tanto el papel de José Antonio Lobo fue protagónico en este hecho delictivo. No obstante debido al concepto de justicia que existe en Costa Rica, solamente pasó unas horas detenido (suponemos que mientras se ponía de acuerdo con la Fiscalía) y posteriormente quedó libre. El único castigo que recibió fue tener que borrar de su casa un graffiti dejado por la justicia popular donde se leía LOBO LADRÓN.

Los motivos del Lobo:

Una de las razones que dio la Fiscalía General para llegar a este contubernio entre las sombras con Lobo, es que era más importante poder juzgar a un ex presidente de la República que al Directivo de una institución autónoma. Para poder valorar esta afirmación debemos recordar lo sucedido después de que ocurrieron estos escándalos políticos.

Se organizó una marcha contra la corrupción y en ella participó el Fiscal General Francisco Dall Anesse, como figura protagónica con un lacito en su solapa. Don Francisco había llegado al clímax de su popularidad, lo que era muy conveniente para lo que venía después.

Otra causa que también ha trascendido para haber llegado a la negociación con el Lobo Ladrón fue que éste le debía obediencia al ex presidente Rodríguez, ya que cuando era directivo del ICE era a la vez asesor del entonces presidente Rodríguez. Este argumento es asqueroso por el mensaje que envía. Estamos acostumbrados a que en los últimos gobiernos los altos, medianos y bajos puestos han llegado a ser ocupados por chupamedias que no saben decir que no a sus jefes. Pero de esto a justificar a Lobo por cometer un acto de este tipo por obediencia debida, hay un mundo de diferencia. Esta justificación hace recordar a la que dieron la mayoría de los nazis en el Juicio de Nuremberg, cuando atribuyeron los crímenes masivos de judíos, comunistas, homosexuales y gitanos a las ordenes de Adolfo Hitler. Parece que para los jueces de Nuremberg estos argumentos no fueron válidos, pero para la Fiscalía y algunos jueces costarricenses si.

La ambición de don Francisco

Meses después las verdaderas razones de la Fiscalía General se descubrieron. Don Francisco quería ser Magistrado y claro que si para su curriculum personal era más conveniente la cabeza de un ex presidente que la del directivo Lobo. O sea, la Justicia fue cambiada por la ambición.

El Partido Acción Ciudadana, en uno de los tantos desaciertos que lo llevaron a perder cerca del quince por ciento de los votos en las pasadas elecciones, apoyó las pretensiones del Fiscal, y su postulación terminó por convertirse en un fracaso, tanto para él como para sus proponentes.

Los torcidos caminos de la Fiscalía:

Volvamos ahora a los procedimientos equivocados y hasta ilegales que ha seguido la Fiscalía en los dos juicios contra los ex presidentes. En el caso CAJA FISCHEL, contó con dos testigos estrella. Uno de ellos fue Emilio Bruce , ex presidente de la Cámara de Comercio y Presidente de la Corporación Fischel. En su declaración este preclaro comerciante lo único que hizo fue hundir a Calderón. Pero uno se pregunta. Cómo es posible que tan brillante empresario no supiera como presidente de la empresa qué estaba pasando en la misma y qué estaba haciendo Calderón moviéndose libremente por los pasillos del viejo edificio Fischel.?

El otro testigo fue don Walter, quien según se ha informado, para ablandarlo fue encerrado con delincuentes comunes quienes procedieron a sodomizarlo.

Parece que este humillante ablandamiento resultó efectivo. En el juicio se mostró arrepentido y terminó de hundir a Calderón. La diferencia que pidió la Fiscalía para uno y para otro, da a entender que todo había sido arreglado previamente por la Fiscalía. Para el principal corruptor se pidieron cuatro años y para el principal corrupto veinticuatro.

No hay duda que este tipo de arreglos no hacen más que desprestigiar a la justicia costarricense. Por qué en vez de llegar a este tipo de contubernios la Fiscalía no ordena al Organismo de Investigación Judicial que investigue los casos. Sabemos que en ese organismo hay gente capaz y no solo cobardes quiebra dientes de estudiantes universitarios.

Los documentos de Panamá:

Ahora los representantes de la Fiscalía están luchando para que la prueba que según ellos es vital para demostrar que los fondos terminaron en cuentas del Presidente Rodríguez y que fue obtenida en forma aparentemente irregular en Panamá., gracias a la chapucería de los fiscales costarricenses. Si esta prueba es rechazada, hay muchas posibilidades de que todo el andamiaje de la Fiscalía se venga abajo y los culpables queden libres por fallas procedimentales Si esto sucediera, no sería nada nuevo. Recordemos que por la ineptitud de los fiscales, el crimen de la periodista IVANNIA MORA quedó impune, lo más probable para siempre.

Un alto a la Fiscalía:

Ya es hora de que los costarricenses pongamos un alto a estos arreglos ocultos del Fiscal General. No estamos a favor de ninguno de los expresidentes. Si ellos cometieron estos delitos deben ir a la cárcel y morir en ella. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en que para lograr estos fines, ladrones como José Antonio Lobo queden libres y disfrutando de los millones obtenidos de otras sinvergüenzazas cometidas en el ICE, todo por complacencia, ambición o incompetencia de la Fiscalía.


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