ALGO HUELE A PODRIDO EN PUNTA MORALES?

Entre las ruinas de las casas de nueve familias y de la iglesia católica del lugar, bajo el ardiente sol puntarenense, el presbítero Ronal Vargas Araya, insigne luchador de las causas populares oficiaba misa. La destrucción que se había causado pocas horas antes por autoridades municipales y del gobierno costarricense, se había hecho bajo el pretexto de que dichas construcciones se habían edificado sobre la Zona Marítimo Terrestre, la cual es propiedad inalienable del Estado. Esto estaría muy bien si la ley, por dura que fuera se aplicara por parejo, pero en esa ocasión el presbítero Vargas dejó al descubierto la llaga putrefacta de corrupción que existe en Punta Morales.

Dijo el Presbítero Vargas:

“ Una pregunta me aturdía mientras cantaba y meditaba con la gente la Palabra de Dios, y aunque no lo expresé en público me comprimía el estómago: Por qué se empecinan con los pobres y nadie toca los intereses de LAICA (Liga Agrícola Industrial de la Caña). A esta empresa, ubicada a cinco kilómetros del lugar, las autoridades la tratan como pública, pero es bien privada, tiene grandes construcciones en la zona pública, impide el paso hacia el mar, no paga impuestos municipales y encima se baila como quiere la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Indica posteriormente Vargas que se han levantado nuevas cabinas de lujo en la zona y nada pasa con ello. Un empresario me contaba que él tiene amarrados de la mano al MINAET y a la Municipalidad de Puntarenas porque si se atreven a botarle alguna de sus construcciones denuncia el montó de irregularidades que ambas instituciones han permitido con LAICA.

Esperamos que esta denuncia del presbítero Vargas no se la lleve la brisa marina de Puntarenas. El puerto de Punta Morales en la zona pacífica del país es una irregularidad en sí misma. La administración de los puertos de corresponde al Estado y en el caso de los puertos de la costa pacífica por ley específica al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Tan es así que si se revisa el presupuesto del INCOP presentado ante la Contraloría General de la República, se presentan ingresos por el puerto establecido en Punta Morales, sin embargo, según nos han informado, el INCOP, después de su descuartizamiento, no tiene personal asignado en Punta Morales, sino que es el propio personal de LAICA el que calcula las sumas que debe pagar a esta institución pública por los servicios que supuestamente INCOP le presta.

Ante esto surge otra pregunta. Las instalaciones portuarias de Punta Morales no fueron construidas por el Estado sino por la empresa privada pero en terrenos del Estado. Entonces por qué no pagan un alquiler o canon por el uso de los terrenos del Estado, sino que se disfraza el uso de terrenos del Estado como parte de una supuesta tarifa?

Por qué, si por mandato legal el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico es el administrador de los puertos de esa parte del país, sus Juntas Directivas, sus Presidentes Ejecutivos y sus Gerentes han callado ante esta aparente irregularidad?

En base en qué Ley de la República se permite a la empresa privada, construir en terrenos del Estado y llevar a cabo funciones que sólo le competen a este?

Por qué la Contraloría General de la República ha callado ante tantas anomalías que se presentan en Punta Morales?

Cuales son la serie de porquerías que conoce el constructor de cabinas de lujo, que ha hecho el MINAET y la Municipalidad del INCOP a favor de LAICA, que le permite, con el uso del chantaje, actuar al margen de la ley?

La respuesta al silencio ante estas interrogantes, la da el mismo presbítero Vargas, cuando dice:

Será por el mismo motivo que en el TLC se protegió por interés público, la producción azucarera nacional, contra cualquier competencia internacional, a fin de beneficiar especialmente a sus dueños, los líderes dictatoriales de un mismo partido político que gobierna supuestamente para todas y todos los costarricenses?

Esperamos la respuesta de la Contraloría General de la República con el caso de Punta Morales, aunque lo más probable nos quedaremos con estas dudas para siempre. Cuando en un negocio está involucrada la Autoridad Política Superior, y se tiene interés en mantenerse en un puesto público, la mejor respuesta es el silencio.