SALVEMOS A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Uno de los logros de los que se ufana el Partido Unidad Social Cristiana, durante la campaña política es el haber logrado en la década de los cuarenta las Garantías Sociales para los trabajadores costarricenses.

Por Garantías Sociales podemos entender el Código de Trabajo y la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social. El darle todos los méritos de las Garantías Sociales al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es históricamente injusto, porque en ellas intervinieron también la Iglesia Católica representada por el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Vanguardia Popular con Manuel Mora Valverde. Esto le dio el apoyo al Dr. Calderón Guardia para poder aprobar estos beneficios para los trabajadores, porque de haberlo hecho solo lo más seguro hubiera terminado como Zelaya en Honduras.

Después vino la Revolución de 1948, el triunfo del ejército de José Figueres Ferrer y la Asamblea Constituyente de 1949. El sueño de la burguesía era que Figueres aboliera las Garantías Sociales pero hay que darle el mérito de que en una forma visionaria no solo mantuvo estos derechos de los trabajadores, sino que después en sus gobiernos fundó instituciones que vinieron a darle al país la paz social que le permitió no estar inmersa en los conflictos armados que sacudieron otros países de América Central durante las décadas de los setentas y parte de los ochenta.

Sin embargo, estas instituciones y estos logros se han ido perdiendo poco a poco, precisamente mientras gobernaban el país los partidos que en campaña política se vanaglorian de logros que ellos han prostituido.

El Código de Trabajo es hoy un documento decorativo en muchas empresas, donde debían usarlo en los servicios sanitarios y la Caja Costarricense de Seguro Social, es un nido de corrupción e ineficiencia que atenta contra los asegurados y aseguradas. El Ministerio de Trabajo es un ente tan ineficiente que don Francisco Morales, Ministro de Trabajo del gobierno de Arias, prefirió salir de él por la puerta de atrás con el pretexto de buscar una diputación en un puesto inelegible.

Por su parte altos dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana han sido condenados en primera instancia precisamente por desfalcar fondos de la Caja.

La Caja y la apertura de seguros:

Cuando por medio del Tratado de Libre Comercio, se dio la apertura de los seguros, mucha gente creyó que era un golpe contra el Instituto Nacional de Seguros. Nosotros consideramos que el golpe fue más bien contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Veamos por qué,

La Caja es un régimen solidario, mantenido por los que más tienen a favor de los que menos tienen. Debido a la pésima atención que brinda la Caja la tendencia entre muchas personas de la clase media alta y alentada por sus patronos se ha hecho costumbre evadir su pago, reportando sumas ridículas a sus altos ejecutivos. Muchas empresas extranjeras venden seguros de salud que le permitirán a las personas que tienen la capacidad de pagarlos, ser atendidos en clínicas y hospitales privados. También venden seguros de vida que después de ciertos años se transforman en regímenes de pensiones, Por tanto, la Caja, con su pésimo y corrupto servicio será cada vez menos necesaria para quienes por sus ingresos pueden mantenerla, quedará solo para las personas de más escasos recursos y su quiebra económica será inminente.

La refundación de la Caja:

A pesar de su pésimo servicio, a pesar de los biombos y sus listas de espera, la Caja Costarricense de Seguro Social debe de salvarse y la única forma es la refundación de la misma. Debe sacudirse desde sus cimientos y dejarla en manos de los funcionarios honestos que creen en ella y no de aquellos que la usan para llevar a los pacientes a sus consultorios o clínicas privadas, de funcionarios administrativos ineptos y de inspectores complacientes, Por eso creemos en la refundación de la Caja por la que lucha el Partido Frente Amplio.

Esta refundación puede resumirse en las palabras del diputado José Merino del Río que a continuación citamos:

“El Frente Amplio piensa que lo que hay que hacer es una refundación de la Caja Costarricense de Seguro Social para que regrese a su espíritu primigenio de servir al país, para que se acaben los biombos, para que los costarricenses sean atendidos con dignidad y no tengan que ir a pagar a las consultas privadas cuando no tienen ni siquiera para poder comer, esos son los problemas que hay que atacar en una campaña... A mí me importa, francamente, un carajo el debate de qué va a pasar con la Caja en el año 2025, cuando hoy no está funcionando al servicio de la mayoría del pueblo de Costa Rica que la necesita, y eso es lo que hay que solucionar ahora y es una responsabilidad que tiene este gobierno y que no la puede posponer para planes de desarrollo…"

Salvemos a la Caja. Aún estamos a tiempo.

NUEVA AMENAZA CONTRA EL AGUA DE SARDINAL

En carta enviada el 6 de octubre del 2006 al Ing. Guido Alvarado la Dirección Regional Chorotega de AyA, bajo la dirección del Ing. German Araya Montezuma otorga permiso para la construcción de un ramal a nombre de Construcciones y Asesorías GCA S.A.

Informamos a la ciudadanía que las instalaciones, a las cuales se pretende abastecer de agua con la construcción de este ramal, no cuentan con el correspondiente permiso de construcción. Las edificaciones se construyeron mientras la municipalidad de Carrillo se hacía la vista gorda. En una región donde el poder del dinero despoja de efectividad a la ley solo la movilización social abre el espacio para la reivindicación de los derechos ciudadanos.

Es por ello que el Comité Pro Defensa y Desarrollo del Distrito de Sardinal impedirá en las calles que la construcción de este ramal se lleve a cabo una vez que se inicie la construcción del mismo. No podemos seguir admitiendo que nuestro suelo guanacasteco siga siendo amancillado por instituciones e individuos que solo pretenden sacar provecho con fines de enriquecimiento personal, obviando de forma irresponsable el impacto social y ambiental que generan mientras se apropian de los recursos estratégicos de la región.

Hemos abogado hasta la saciedad porque se lleve a cabo un proceso de planificación de la zona en la cual se contemple la regulación de las construcciones, se hagan además estudios de contaminación, se establezca un plan de conservación de los pocos recursos naturales con los cuales aún se cuenta y se generen iniciativas de desarrollo local y de autogestión, en virtud de que nuestras comunidades aprovechen también la riqueza de la zona de forma racional y planificada. No obstante tales demandas no han sido más que exigencias sin resonancia y mientras las cosas se planteen de este modo seguiremos oponiéndonos a este modelo de desarrollo excluyente, centralizado y permisivo a la corrupción.

Comité Pro Defensa y Desarrollo del Distrito de Sardinal

FISHMAN CANDIDATO O ENTERRADOR DEL PUSC

El Partido Unidad Social Cristiana, ha anunciado después del fallo que condenó a su dueño y candidato Rafael Ángel Calderón Fournier a cinco años de prisión, por el delito de peculado, a su nuevo candidato presidencial, el licenciado LUIS FISHMAN.

Parece que el fallo judicial, que aún tiene apelación, dejó por fuera de la lucha por la presidencia a su principal carta, enfrentó al PUSC a la disyuntiva de buscar un Plan B que ellos nunca tuvieron. Presentarse solamente con candidatos a diputados, lo que era humillante para un partido que había gobernado el país durante dos períodos consecutivos o buscar alguna víctima que se hiciera cargo de poner su rostro para ser vapuleado de la misma forma en que lo fue Ricardo Toledo., en las pasadas elecciones. Dicho sea de paso, el bachiller Toledo, demostrando que el Partido Liberación Nacional y la Unidad siguen formados del mismo excremento, ocupa hoy el puesto de embajador del gobierno de Oscar Arias, en la República Argentina.

La búsqueda del candidato emergente , aparentemente se centró en dos personas. Jorge Eduardo Sánchez, Jefe de la mini fracción del PUSC y Luis Fishman, Presidente del Partido, al que ni sus mismos diputados aceptan como tal. Parece que Sánchez fue un poco más cauteloso y previendo los resultados catastróficos a los que se puede ver enfrentado su partido, prefirió abstenerse y no quedar con sus “Nalguitas” al viento y dejó el campo abierto a Luis Fishman.

De inmediato, el ex presidente Calderón le dio su apoyo público y garantizó acompañarlo en toda su campaña. Parece que la memoria del licenciado Calderón se ha visto afectada por el estrés producido por los problemas judiciales a que se enfrenta, y se le olvidó que el actual candidato de la Unidad Social Cristiana, no es más que un oportunista fracasado.

En las elecciones del año 2002, cuando Rafael Ángel Calderón impulsaba a toda costa la candidatura del Rodolfo Méndez Mata, dos diputados de su fracción se opusieron a la imposición del caudillo. Estos dos diputados, que por cierto durante su periodo parlamentario no se distinguieron por su productividad y sapiencia eran Abel Pacheco y Luis Fishman. Entre ellos llegaron al acuerdo de que el que estuviera mejor posicionado en las encuestas sería el que enfrentaría en la convención interna a Rodolfo Méndez. Al final llegó a la convención Abel el Inepto, que barrió al precandidato oficial, por lo que Rafael Ángel Calderón se retiró de la campaña política y según dijo el mismo en el juicio, prefirió vivir la mayor parte del gobierno de Pacheco fuera del país, mientras el resto de los costarricenses que no podíamos hacer lo mismo teníamos que soportar ese despelote.

Cumpliendo con el contubernio planeado de antemano, Abel Pacheco escogió a Luis Fishman como candidato a vicepresidente. Luego vino el surgimiento del Partido Acción Ciudadana y la sorpresiva alta votación que obtuvo obligó a ir a una segunda vuelta electoral.

Después de las elecciones de febrero de 2002 y antes de la segunda vuelta de abril hubo una reunión entre alta dirigencia del PUSC, en la que algo pasó. Lo único que se filtró a la prensa fue el rostro de Fishman bañado en lágrimas y mocos, muy dolido porque parece que su amigo Abel, como resultado de esa reunión le había pateado su hebreo trasero y dejado fuera de toda actividad dentro del Partido.

Como de acuerdo con la legislación costarricense, a una segunda vuelta electoral, debe acudirse con los mismos candidatos que se concurrió a la primera, Fishman fue electo contra la voluntad de Abel como primer vicepresidente de la República. A partir de allí empezó a representar el triste papel de judío errante, porque nunca se le dio oficina en la Casa Presidencial, ni tampoco misión alguna que cumplir, por lo que tuvo que recurrir a la payasada de abrir en su propia oficina personal, un centro de ayuda para los necesitados, que solamente sirvió para justificar el sueldo que devengaba como vicepresidente en el exilio.

Harto de vagar, el judío errante decidió cambiar su papel y convertirse en el hijo pródigo. Volvió donde Calderón con lágrimas en los ojos (no sabemos si también derramaba mocos, como cuando Abel lo expulsó) y se ofreció a ser gratuitamente su abogado defensor. No sabemos si porque ya tenía abogado o porque desconfió de los atributos de Fishman, no aceptó su ofrecimiento pero si lo impuso como Presidente del PUSC, lo que provocó que el partido y sus diputados rompieran para siempre.

Como dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Esperamos que el pueblo a la hora de elegir recuerde los frutos de Luis Fishman, quien ahora representando el papel de Judas Iscariote se paseará del brazo de Calderón mendingando votos y también los frutos de un partido que ha llevado al poder a dos ex presidentes acusados de peculado y al presidente más inepto que recuerda la historia de Costa Rica y entierre para siempre a este nefasto partido político.

COSTA RICA, UN MAMARRACHO LLAMADO JUSTICIA

No hay duda que algo está pasando con la Justicia costarricense. Cada vez está más parcializada o cada vez está en manos de más ineptos o corruptos. Para muestra dos ejemplos.

El caso de la jueza novata:

En marzo del presente año fue incautada en la zona sur del país una cantidad aproximada de 300 kilos de cocaína los cuales fueron dejados en custodia en los Tribunales de Golfito, zona sur de Costa Rica y parte del país que domina el Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, la noche del 26 de marzo el cargamento completo, supuestamente custodiado por la policía costarricense, desapareció.

Don Jorge Rojas, Director del OIJ, no se echó atrás ante este revés. Se investigó el hecho y se determinó que había tres policías y cuatro civiles sospechosos de haber robado la cocaína de los Tribunales de Golfito, por lo que se procedió a su detención con el fin de que se dictaran medidas cautelares.

La sorpresa fue mayúscula cuando la joven jueza interina Andrea Vargas Villalobos, ordenó la libertad de todos los sospechosos, el mismo día en que se vencía su nombramiento.

Se ha tratado de justificar la actitud de la jueza en su juventud y su falta de experiencia. Consideramos que estas excusas ofenden a la inteligencia de la mayoría de los costarricenses, porque se supone que una persona que ostenta un título de licenciado en Derecho, debe tener el suficiente criterio para sustentar sus actos de manera lógica y, además se supone que el Poder Judicial prueba la capacidad de sus funcionarios antes de nombrarlos.

Podría ser que la joven jueza se hubiera visto expuesta a presiones contra ella o contra su familia, por parte de los propietarios de la droga, lo que vendría a probar que el deterioro en los últimos años en el sistema de seguridad costarricense ha sido mayúsculo. Podría ser también que haya recibido alguna retribución por su acto, lo que sería prueba irrefutable de que la corrupción ha penetrado al Poder Judicial hasta los tuétanos o bien que se trató de la falta de conocimiento de la jueza sobre materia legal, con lo que tendríamos que llegar a la conclusión de que en Costa Rica la justifica no solamente es ciega, sin o también retrasada mental.

El caso está en manos de la Inspección Judicial por lo que para aclararse tanta duda habrá que esperar que se resuleve.

Veamos ahora otro caso de la forma en que se administra Justicia en Costa Rica, cuando están involucradas las inversiones de compañías transnacionales, con base en el artículo escrito por José María Villalta.

Crónica de un tour empresarial por la mina Crucitas

El viernes pasado acompañé al diputado José Merino a la “inspección” que realizó la Sala Constitucional al proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas en Cutris de San Carlos. Se supone que esta diligencia era para recoger pruebas que ayuden en el estudio de los recursos de amparo presentados contra dicho proyecto. De ahí que el diputado del Frente Amplio tuviera derecho a participar, por haber interpuesto uno de esos recursos en conjunto con FECON.

Mi primera conclusión de esta experiencia es que no hace falta ser científico o constitucionalista para darse cuenta de que la mina de oro no debe abrirse. Bastó con sufrir el paisaje dantesco de esos bosques exuberantes de riquísima e inigualable biodiversidad reducidos a escombros podridos, junto a otros todavía en pie pero a la espera del mismo destino. Para dar cabida a las fosas polvorientas de la minera. Tierra lastimada, quebradas aterradas, un olor a muerte que me hizo imaginar las historias sobre los campos de batalla de la primera guerra mundial. Aunque no encontramos los almendros caídos -al parecer la empresa se encargó de desaparecerlos muy bien- la verdad es que no entiendo qué más prueba necesitan los jueces de Costa Rica para entender que este modelo de producción es inviable, insustentable y nos lleva directo al despeñadero. Para mí fue suficiente y sobró.

Sin embargo, seguimos con la “inspección”. En la universidad me enseñaron que en las diligencias judiciales las partes deben tener la más estricta igualdad de derechos y que los jueces tienen la obligación de garantizar que dicha igualdad sea respetada y actuar con la más absoluta imparcialidad. Nada de esto ocurrió en Crucitas. Fue un proceso desigual, totalmente sesgado y parcializado a favor de la trasnacional minera.

En el primer punto de inspección los magistrados y los representantes de Industrias Infinito S.A. entraron en carro. Acto seguido la policía bloqueó la calle pública y prohibió el ingreso de los demás vehículos, obligando a las otras partes a caminar cerca de tres kilómetros para llegar al lugar. Diputadas y diputados, ecologistas, universitarios y sus abogados, algunos de avanzada edad y con problemas de salud, llegaron al lugar de la inspección a pie, jadeando bajo el sol inclemente, mientras los jueces y la trasnacional minera ya tenían varios minutos de conversar alegremente. Cuando reclamaron que ese trato era “injusto”, recibieron regaños del magistrado Mora y la aclaración: “A mi la empresa no me ha dado nada”. En realidad, nadie había preguntado tal cosa.

A estas alturas estaba claro que lejos de “inspección” eso era más bien un paseo guiado por la empresa. Así había sido decidido por la Sala desde que rechazó una petición de Unión Norte por la Vida para que don Alfredo Arias, campesino vecino de la mina, quién conoce la zona como la palma de su mano, participara proponiendo lugares para inspeccionar. Don Alfredo sabe bien lo que hay ahí y lo que se podría perder. Pero los magistrados lo rechazaron porque, en sus palabras, los sitios a visitar ya habían sido “predeterminados”.

Predeterminados por la trasnacional. Esto es como el que tiene un cadáver que huele feo en la cochera de su casa. Cuando invita gente ni loco los lleva a la cochera, no vaya a ser que lo descubran. Pues así ocurrió. Los magistrados vieron lo que la trasnacional minera quiso que vieran. Nada más. Los llevaron a ver una parte del bosque talado y una naciente de agua acondicionada por la empresa, pero nunca pusieron un pie en los bosques que van a ser arrasados ni en las muchas otras nacientes que serán enterradas. Aunque los recurrentes lo pedimos, esos pedidos fueron ignorados. ¿Cómo entonces van a saber el daño real que la mina ocasionará? Si nunca vieron las fuentes de agua o las especies en peligro de extinción que se perderán.

El colmo fue cuando la empresa los llevó a ver el “vivero” con el que, dicen, van reponer el daño que dejarán sus inmensos cráteres. Algunos expertos advirtieron que en los chinamos de la feria del agricultor de Coronado se encuentra más diversidad de especies forestales nativas que lo que ahí había. Por supuesto que para ver eso no hacía falta ir hasta la frontera con Nicaragua.

El trato para las personas recurrentes fue desigual e incluso irrespetuoso y humillante. En cada lugar los magistrados escuchaban atentos las explicaciones de los mineros –sí, las mismas de la mina Bellavista en Miramar- del tipo “nuestra tecnología de punta a nivel mundial” y “somos la mina más moderna de América Latina”, pero cada vez que los recurrentes querían hablar se les callaba y se les recordaba que “esto no es una audiencia”. Para nada importaba que lo que tuvieran que decir fuera importante. El biólogo Javier Baltodano, experto en botánica, pidió la palabra en varias ocasiones para señalar hechos concretos como que, ahí donde no veían nada, había un enterolobium schomburgui o guanacastequillo (árbol en peligro crítico de extinción) o para aclarar, contra lo dicho por los mineros, que el área talada representaba apenas un 30% del bosque que sería destruido. Pero lo callaron. Lo mismo le pasó a la Yamileth Astorga de la UCR quién exigió que le explicaran lo que en un sitio ya inspeccionado se había hablado, porque, nuevamente, no había podido estar presente a tiempo debido a que los guardas de la minera no dejaron entrar el carro en que viajaba. De forma despectiva el supremo magistrado le dijo “pregúntele a su amigo”. Cuando se le increpó por qué no aplicaba la misma medida a los personeros de la empresa, respondió, “es que yo no puedo impedirles que hablen”.

¿Y el Ministerio de Ambiente? Fue absolutamente imposible distinguir entre sus funcionarios y los empleados de la compañía minera. Estaban totalmente fusionados. Defendían a la trasnacional hasta cuando nadie se los pedía. Desde que empezó la “inspección” percibí una sombra que se encogía detrás de los representantes de la empresa, siempre agachada para que nadie le preguntara nada. Por fin logré reconocerla. Era el ministro.

Al final del día Edgardo Araya de UNOVIDA logró que los magistrados fueran a ver dos nidos de lapa verde ubicados en una propiedad que colinda con la mina –a pesar de que los expertos de la empresa afirman que “por ahí no hay lapas”- Mientras los campesinos de la zona señalaban los nidos a los magistrados, un empleado judicial se dejó decir, en medio de las risas de sus compañeros: “pero si esos son nidos de zopilote”. A ese tampoco lo callaron.

Reconozco, no sin vergüenza, que en ese momento empecé a delirar. Soñé que bajaban del cielo las lapas furibundas y les picoteaban la cabeza a los mineros y sus mercenarios. Todos los demás llorábamos de alegría. Un instante de redención para la vida en medio de tanta porquería. No pasó.

Esa es la segunda conclusión de este tour. La justicia y la defensa de nuestro futuro no caen del cielo.

Por eso dejo para el final de este relato la parte feliz de la historia. La gente luchando.

Jóvenes, estudiantes, campesinos, amas de casa, ecologistas, educadores, trabajadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, de toda la zona norte y el resto del país se tiraron a la calle a defender la vida con dignidad, alegría y determinación. Cada vez es mayor el nivel de conciencia de estas comunidades sobre la estafa de la minería y sus falsas promesas. La movilización de gente en contra del proyecto fue contundente y notoriamente mayoritaria. La empresa no logró movilizar a prácticamente nadie.

Todo indica que de muy poco están sirviendo los chantajes que juegan con el hambre de las personas. De muy poco está sirviendo la complicidad del Gobierno que descaradamente vincula servicios que pagamos todos y que históricamente han sido negados a estas comunidades con el apoyo a la minería. De nada les ha servido abrir oficinas del IMAS en la sede de la empresa, para que la gente crea que esta es quién los brinda.

Pero no es solo que la conciencia y la movilización de la gente de la zona norte sigue creciendo cada día. Lo más importante es que este movimiento iniciado hace ya 16 años por un grupo de luchadoras y luchadores que siguen todavía en pie finalmente ha logrado ganar la conciencia y llegar al corazón de una gran mayoría del pueblo de Costa Rica. Hoy por hoy una inmensa mayoría de nuestro pueblo rechaza la minería metálica a cielo abierto como opción de desarrollo y se opone al proyecto Crucitas.

Tan es así que hasta la candidata Chinchilla, la misma del Gobierno de la guerra contra la naturaleza que promovió y permitió este desastre ambiental y hasta lo declaró de “conveniencia nacional”, ahora pretende confundir a la opinión pública con su posición sobre este tema. Dice su vocero que Crucitas será “el último” proyecto que promoverán.

Como ya el pueblo no come cuento vamos a tomarles la palabra. En la Asamblea duerme el sueño de los justos desde 2005 un proyecto de ley que presentamos con el exdiputado Gerardo Vargas Leiva (PAC) para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (expediente15.948) Aunque solo consta de dos artículos y está listo para votarse, lleva diez veces más tiempo en la Asamblea que el que los diputados tardaron en aprobar –sin leer- la ley del TLC que limitó el acceso a las fotocopias para estudiar. Desde la fracción del Frente Amplio estamos proponiendo que se conozca y se vote. Así veremos quién es quién. A ver si es cierto que ya no quieren más devastación de la naturaleza.

Hasta aquí esta crónica agridulce. A pesar de tanto irrespeto, tanta burla, tanta denegación de justicia, a pesar de tanta muerte, está la dignidad incomprable de un pueblo que se resiste a dejar sin país a nuestras nietas y nietos. Un pueblo que no va a permitir que siga la destrucción con o sin Sala IV. Ese es nuestro oro.

EL CARTEL DE TALAMANCA

El relato que de seguido les transmito, requiere una especial atención por parte del cuarto poder de la República –por lo que tiene de denuncia–, y del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en particular, en mérito de sus logros y su papel de conciencia lúcida de la Patria, en contra del Proyecto Minero Las Crucitas.
Allá en el bravío y asediado Caribe
Antes de adentrarse en la lectura le hacemos dos advertencias: No se sorprenda de lo que contamos de seguido, sino del hecho de que la más absoluta impunidad y silencio, rodean estos asuntos públicos que podrían dejar con la lengua afuera a don Sony Corleone. Tampoco se confunda: no estamos en Chicago ni en Sicilia, estamos en nuestro litoral Caribe, perla codiciada por los más espurios intereses mercantiles foráneos y nacionales, que sus coimas reciben y muy jugosas.
A los pies de la majestuosa cordillera
Resulta que en el cantón de Talamanca, desde hace años viene operando un grupo de personas que bien podrían denominarse “El Cartel de Talamanca”, por la forma en que vienen manejando algunos asuntos públicos, especialmente los políticos y desde luego, económicos.
El Cartel de Talamanca, al igual que las mafias de la droga, tiene su capo en la brillante cabeza de un audaz europeo conocido como Jan Kalina, propietario de un Hotel Las Palmas que nunca debió haberse construido, por estar ubicado en una zona protegida como refugio de vida silvestre. Ahí empezó mal la cosa.
A diferencia de los carteles de la droga, El Cartel de Talamanca se fue gestando en torno a las necesidades de Jan Kalina y su brazo armado, no está compuesto por matones ni sicarios –aunque a veces los contrata cuando la ocasión lo demanda–, sino que es más elegante, efectivo y “a la tica”, pues no pesan allí culatas ni escuadras, sino algo más a tono con nuestra rancia tradición de país de paz, democrático y estado social de derecho: en este momento su “gatillera” más connotada es la Licda. Paola Tummineli, quien funge como abogada a tiempo completo de la Municipalidad de Talamanca, pero que resulta una esforzada profesional que le roba tiempo a la noche, los feriados y los fines de semana, para atender con esmero a su mejor cliente; esta acuciosa profesional, en la práctica funge también como abogada de Jan Kalina y constituye el brazo armado del Cartel de Talamanca.
Éste es un Cartel muy particular, puesto que no tiene como fin el tráfico de drogas, ni la trata de personas, el contrabando de whisky ni los artículos de preferencia de los capos, todo lo contrario; su principal objetivo ha sido el control de las exóticas y exuberantes tierras del Caribe Sur de Limón y la protección a toda costa de su capo, Jan Kalina, quien tiene pendiente en su contra una orden de desalojo y demolición del Hotel Las Palmas, ha tantos años ya que ni siquiera podemos acordarnos ...
Cuando en la valiente administración de Carlos Manuel Rodríguez (MINAE), se ordenó el desalojo administrativo a Jan Kalina, éste buscó el mejor camino posible para desobedecerlo: un litigio contencioso-administrativo contra el Estado, que consumió más de diez años, durante los cuales, Las Palmas sentó sus reales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y ya nadie pudo sacarlo de ahí, porque todavía se encuentra ominosamente instalado en vez de demolido como la ley y los tribunales mandaron ha tantos años que ya ni siquiera podemos acordarnos ...
Pero la justicia tica, aunque a veces renquea y vaya en tortuga diesel, por fin llegó al final del caso con la apelación que hizo Kalina de la sentencia a quo y a pesar de que el asunto se fue en alzada al Tribunal Contencioso, ahí le recetaron a Kalina confirmación de la sentencia y “un tirón de orejas” que solo risa le ha provocado al europeo, porque más de CINCO AÑOS después de la confirmación del Tribunal, a los sucesivos ministros del MINAET, por esas cosas extrañas de la vida, se les ha acalambrado la mano, cada vez que deben firmar la orden del desalojo y demolición del Hotel Las Palmas.
Las denuncias ante el MINAET, ante el Ministerio Público, las gestiones ante la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República y las peticiones ante el mismo señor Presidente de la República, para que se ejecute la orden judicial de hace más de un lustro, no han faltado. Pero es que la novela apenas comienza...
Hilando fino y complejo
En su afán de lograr el control sobre los paradisiacos terrenos de Cahuita y Puerto Viejo, los estrategas a veces ocultos de esta trama, con los finos hilos de esta red enredaron al diputado Edwin Patterson, quien impulsó la Ley de Declaratoria de Ciudad para las Comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, Provincia de Limón, Nº8464, de 4 de octubre de 2005. Dicha ley fue promovida de buena fe, creyendo el noble diputado que se estaba velando por los derechos de antiguos ocupantes de esas tierras, cuando en realidad los fines eran otros, tal y como quedará demostrado más adelante.
En virtud de que dicha ley fue anulada mediante acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala respectiva, inmediatamente la acuciosa gatillera de esta novela, redactó un Decreto Ejecutivo tendiente a cercenar (reducir) las áreas terrestres del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y cínicamente ampliando las áreas marinas. Dichosamente ese decreto fue valientemente impugnado por parte del otrora Director de Asuntos Jurídicos del MINAE, Lic. Guido Cubero y anulado por resolución de la misma Sala Constitucional.
Ante el sonado fracaso, la incansable litigante no se da por vencida y esta vez, se saca de la manga un “Convenio Marco de Cooperación entre el MINAET y la Municipalidad del cantón de Talamanca para una gestión sostenible de los territorios del cantón de Talamanca” (sic), firmado con pleno conocimiento de causa por el actual Ministro del MINAET, Jorge Rodríguez Quirós y por el flamante Alcalde don Rugeli Morales, teniendo como testigos de honor a la Diputada Yalile Esna Williams y al eterno Presidente del Concejo Municipal de Talamanca, el Regidor George Brown Hudson..
Pese a lo sugestivo del nombre de dicho “convenio”, el mismo dista de ser “una gestión sostenible” y es más bien la entrega descarada y abierta al Cartel de Talamanca, por parte de las autoridades del MINAET, de toda la zona del Refugio incluyendo la marítimo-terrestre, para que continúe su festín; además, la Municipalidad se ha dado su propio banquete emitiendo permisos ilegales de uso a través de una mal llamada ventanilla única, principalmente a favor de extranjeros, que pagan miles de dólares por esas paradisiacas tierras, que de manera solapada y al amparo de ese ilegal y bochornoso convenio, redactado a la medida de Jan Kalina y asociados, se están repartiendo con la complicidad del Director del Área de Conservación Amistad Caribe, Cyrus Edwin Cyrus Cyrus (antiguo enemigo público de Jan Kalina, convertido hoy en uno de los brazos del Cartel de Talamanca, que a través de sus contactos políticos ha logrado que Edwin Cyrus Cyrus, sea hoy uno de los más connotados asesores de don Jorge Rodríguez Quirós, Ministro del MINAET).
Con la fuerza del derecho, no las armas
La situación del Ing. Edwin Cyrus Cyrus merece una atención especial, en virtud de fue reclutado mediante el chantaje por parte de la gatillera, como debe ser en este tipo de negocios. Ni las arañas tejen más fino, veamos.
La Licda. Paola Tumminelli, además de representar al Cartel, a Jan Kalina y a la Municipalidad de Talamanca, también representa a una serie de extranjeros; repetimos lo dicho que esta señora no duerme ni descansa nunca, pues su bufete no cierra ni en Semana Santa.
Estos extranjeros tan bien representados por la gatillera, supuestamente habrían pagado a Edwin Cyrus Cyrus por derechos que posteriormente fueron anulados por el mismo Edwin Cyrus (esto es otra novela), razón por la cual la gatillera lo había acusado públicamente de “ladrón”, amparándose en documentos y pruebas legales en su poder, ante lo cual Cyrus Cyrus no tuvo cómo defenderse y fue así como pasó, de ser declarado non grato por el Concejo Municipal de Talamanca, a un vertiginoso título de “hijo predilecto del Cantón de Talamanca” (sic); ya una vez bautizado, y después debió prestar juramento ante il capo Kalina quien, curiosamente, ese día estaba al lado del Director del Área de Conservación Amistad Caribe.
Igual mención merece don Jorge Rodríguez Quirós, actual Ministro del MINAET, quien a la sombra de Roberto Dobles siempre estuvo atento a los mandatos y necesidades del capo Kalina y asociados, quienes por falta de “pedigrí”, nunca fueron del agrado del ex ministro Dobles; éste nunca firmó los decretos diligentemente preparados por Tumminelli, siendo que los mismos sí fueron firmados rápidamente por Jorge Rodríguez, apenas alcanzó la cúspide en su condición de Ministro a.i.
La situación actual del MINAET es grave y requiere sobre todo del poder incisivo de la prensa, para que sea sacado del tinglado formado por el Cartel, ya que contrario a lo que todo mundo piensa, fue Jorge Rodríguez quien filtró a la prensa los detalles que causaron la caída de su jefe, Roberto Dobles –al mejor estilo de las vendettas italianas– y ello lo hizo, con el apoyo de los diputados(as) allegados al Cartel de Talamanca, quienes dentro de las “negociaciones” del TLC, incluyeron una petición específica: NO desalojar ni demoler el Hotel las Palmas en esta administración, pese a las cacareadas proclamas de Paz con la Naturaleza. Nadie se sorprenda de que cada voto a favor del TLC haya tenido su precio y algunos en contante y sonante (¿remember una piadosa fundación familiar?)...
¡Aún hay más, señoras y señores!... Pero hay que poner un punto final a esta novela, porque la prensa tiene aquí muchos capítulos para escribir. Y sin duda será un best seller al mejor estilo de la novela negra (policiaca).
Por todo lo expuesto, es que la loca de Gandoca anda silenciosa, aunque su corazón llore de impotencia ante tanta corrupción y la destrucción sistemática de ese Santuario Ecológico que es patrimonio de la humanidad, conocido como Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Como podrán ver la loca de Gandoca, debido posiblemente a su locura, anduvo por la superficie de un asunto que resulta mucho más que gravísimo y que sin necesidad de destaparlo, suelta su hedor por toda la provincia y amenaza contaminar a nuestras futuras generaciones.

CENTRO DE REHA BILITACION DEL IAFA Y PROPIEDAD PRIVADA

Durante los últimos días ha aflorado, por medio de la prensa, el problema que existe entre un grupo de vecinos de Barrio Roosvelt en San Pedro de Montes de Oca y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), por la construcción de un centro de rehabilitación para adictos en este barrio residencial de clase media alta. No queremos tomar partido en esta lucha, porque sabemos que la lucha contra la drogadicción debe ser un objetivo primordial de todo gobierno, sino que lo que buscamos es resaltar la serie de contradicciones que han aflorado con este hecho.

El Interés del IAFA en solucionar el problema:

Debemos recordar que el IAFA, ni ninguna de las dependencias que supuestamente deben de ocuparse de luchar contra las drogas y sus efectos, había mostrado interés alguno en ayudar a los drogadictos del país, si no que fue un fallo de la Sala Constitucional el que obligó al Estado a construir este centro de adictos, así es que cualquier posición de los funcionarios del gobierno a favor de este centro es falsa y demagógica y lo único que busca es tratar de eludir las responsabilidades de los funcionarios públicos en este problema.

La imagen del país ante el inversionista nacional y extranjero.

El gobierno ha vendido siempre una imagen en el exterior de que en Costa Rica existe la legislación adecuada para garantizar la seguridad a los inversionistas- Parte de esa legislación la constituye n los Planes Reguladores. De esta forma si un inversionista compra una propiedad en zona residencial, sabe que gozará de las condiciones de que se esperan de una zona de este tipo. Este es el caso de la zona en que se levanta esta obra. De acuerdo con el Plan Regulador no se pueden construir edificaciones superiores a los quinientos metros cuadrados, sin embargo el citado centro abarca dos mil cuatrocientos metros cuadrados de construcción y su uso no es precisamente residencial.

A pesar de que la Municipalidad de Montes de Oca trató de clausurar a tiempo la construcción del centro en ese lugar, un pronunciamiento memorable de la Procuraduría General de la República indicó que el Estado no está obligado en las construcciones que realice a contar con certificado de uso de suelo, licencia municipal constructiva y acatamiento del Plan Regulador. Este pronunciamiento acomodaticio, el único mensaje que envía a los inversionistas nacionales y extranjeros es que si ellos invierten en un residencial de lujo, con canchas de golf incluidas y posteriormente al Estado se le ocurre construir un botadero de basura, a lado, puede hacerlo porque por ser el Estado está libre de toda regulación. Tomen nota de esto los inversionistas nacionales y extranjeros.

En conclusión parece que los planes reguladores y toda la legislación conexa, son de acatamiento obligatorio cuando se trata de destruir viviendas humildes e incluso edificaciones comunales construidas en la zona marítimo terrestre desde hace muchos años, pero no son de acatamiento para el Estado, cuando alguien tiene la ocurrencia de construir un centro de rehabilitación en una zona residencial.

El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.

Después de este sesudo pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que permitió la construcción del Centro, los afectados acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual emitió un fallo que se trato por el sueldo el criterio acomodaticio de la Procuraduría.

Ante el argumento de que el IAFA había tenido que construir en ese lugar por mandato de la Sala Constitucional, indica el fallo “que la necesidad de crear un centro de este tipo no conlleva la afectación del derecho de propiedad de los vecinos por la desaplicación del ordenamiento urbanístico”.

Indica además el Tribunal que “no es posible concretar el proceso de planificación y ordenación urbana al que aspira la Ley de Planificación Urbana desde 1968, si se permite a entes públicos desaplicar e irrespetar –en todo el territorio- normas de orden público”.

Este fallo del Tribunal viene a demostrar que lo que mal comienza, mal acaba. El Gobierno de Costa Rica construyó este centro, no por su propia voluntad, sino porque la Sala Constitucional se lo ordenó. Ahora cabe preguntarse por qué se escogió este sitio? Puede ser que haya sido porque era la forma más fácil de salir del paso o porque el IAFA, dentro de la guerra interna que mantienen entre si las instituciones antidrogas del país, quisiera que no hubiera riesgo de que el Centro saliera más adelante de su control.

Debe recalcarse que en todo este proceso, el Estado costarricense ha hecho uso de su arma favorita. La mentira. En los documentos entregados a SETENA el IAFA indica que se trata de una ampliación de sus oficinas y no de la construcción de una obra nueva. Según han manifestado los vecinos gran parte de la obra se construyó durante los fines de semana, que es cuando las autoridades municipales no realizan supervisión de obras.

En conclusión por el empecinamiento, falta de planificación, mala fe o estupidez de algunos funcionarios públicos, se encuentra en peligro una inversión de mil doscientos millones de colones.

El no perder esa inversión, no debe ser pretexto para buscar alguna forma demagógica para burlar el fallo de un Tribunal e institucionalizar el irrespeto a la propiedad privada por parte del Estado. Se debe buscar a los culpables y desenmascarar sus verdaderas intenciones ante la opinión pública.

Y qué dirá doña Laura Chinchilla?

Hace varios meses cuando la hoy candidata presidencial del Partido Liberación Nacional ocupaba el puesto de Ministra de Justicia, y dijo en una entrevista que le hiciera el Periódico OJO, que la construcción de este Centro de Rehabilitación sería el trofeíto que ella se llevaría al dejar el gobierno. Estará dispuesta doña Laura a dar las explicaciones del caso, sobre la irregular forma en que se construyó su trofeíto?

ALGO HUELE A PODRIDO EN PUNTA MORALES?

Entre las ruinas de las casas de nueve familias y de la iglesia católica del lugar, bajo el ardiente sol puntarenense, el presbítero Ronal Vargas Araya, insigne luchador de las causas populares oficiaba misa. La destrucción que se había causado pocas horas antes por autoridades municipales y del gobierno costarricense, se había hecho bajo el pretexto de que dichas construcciones se habían edificado sobre la Zona Marítimo Terrestre, la cual es propiedad inalienable del Estado. Esto estaría muy bien si la ley, por dura que fuera se aplicara por parejo, pero en esa ocasión el presbítero Vargas dejó al descubierto la llaga putrefacta de corrupción que existe en Punta Morales.

Dijo el Presbítero Vargas:

“ Una pregunta me aturdía mientras cantaba y meditaba con la gente la Palabra de Dios, y aunque no lo expresé en público me comprimía el estómago: Por qué se empecinan con los pobres y nadie toca los intereses de LAICA (Liga Agrícola Industrial de la Caña). A esta empresa, ubicada a cinco kilómetros del lugar, las autoridades la tratan como pública, pero es bien privada, tiene grandes construcciones en la zona pública, impide el paso hacia el mar, no paga impuestos municipales y encima se baila como quiere la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Indica posteriormente Vargas que se han levantado nuevas cabinas de lujo en la zona y nada pasa con ello. Un empresario me contaba que él tiene amarrados de la mano al MINAET y a la Municipalidad de Puntarenas porque si se atreven a botarle alguna de sus construcciones denuncia el montó de irregularidades que ambas instituciones han permitido con LAICA.

Esperamos que esta denuncia del presbítero Vargas no se la lleve la brisa marina de Puntarenas. El puerto de Punta Morales en la zona pacífica del país es una irregularidad en sí misma. La administración de los puertos de corresponde al Estado y en el caso de los puertos de la costa pacífica por ley específica al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Tan es así que si se revisa el presupuesto del INCOP presentado ante la Contraloría General de la República, se presentan ingresos por el puerto establecido en Punta Morales, sin embargo, según nos han informado, el INCOP, después de su descuartizamiento, no tiene personal asignado en Punta Morales, sino que es el propio personal de LAICA el que calcula las sumas que debe pagar a esta institución pública por los servicios que supuestamente INCOP le presta.

Ante esto surge otra pregunta. Las instalaciones portuarias de Punta Morales no fueron construidas por el Estado sino por la empresa privada pero en terrenos del Estado. Entonces por qué no pagan un alquiler o canon por el uso de los terrenos del Estado, sino que se disfraza el uso de terrenos del Estado como parte de una supuesta tarifa?

Por qué, si por mandato legal el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico es el administrador de los puertos de esa parte del país, sus Juntas Directivas, sus Presidentes Ejecutivos y sus Gerentes han callado ante esta aparente irregularidad?

En base en qué Ley de la República se permite a la empresa privada, construir en terrenos del Estado y llevar a cabo funciones que sólo le competen a este?

Por qué la Contraloría General de la República ha callado ante tantas anomalías que se presentan en Punta Morales?

Cuales son la serie de porquerías que conoce el constructor de cabinas de lujo, que ha hecho el MINAET y la Municipalidad del INCOP a favor de LAICA, que le permite, con el uso del chantaje, actuar al margen de la ley?

La respuesta al silencio ante estas interrogantes, la da el mismo presbítero Vargas, cuando dice:

Será por el mismo motivo que en el TLC se protegió por interés público, la producción azucarera nacional, contra cualquier competencia internacional, a fin de beneficiar especialmente a sus dueños, los líderes dictatoriales de un mismo partido político que gobierna supuestamente para todas y todos los costarricenses?

Esperamos la respuesta de la Contraloría General de la República con el caso de Punta Morales, aunque lo más probable nos quedaremos con estas dudas para siempre. Cuando en un negocio está involucrada la Autoridad Política Superior, y se tiene interés en mantenerse en un puesto público, la mejor respuesta es el silencio.

LAS GRANDES HAZAÑAS DE CHIQUITA BRANDS (MAMITA YUNAI)

La compañía Chiquita Brands se llama así sólo desde 1970. Antes se llamó United Fruit y se hizo muy famosa organizando matazones en las repúblicas donde cogobernaba al lado de algún macaco hispanoparlante.

En 1928, por ejemplo, unos miles de paisanos del Gabo, es decir de García Márquez, se pusieron bravos en Urabá, al norte del norteño golfo del Darién, y le plantaron cara a los sueldos bananeros, los mosquitos gordos y las jornadas de doce horas de la United. La compañía, entonces, pagó lo que debía a los que cortaban el jamón y rastrillaban los fierros y escarmentó al paisanaje digamos que por muchísimos años. Los plomos volaron el 6 de diciembre de 1928 en lo que la historia del exterminio conocería como “la masacre de la bananera”, telón de fondo y zumbido de desdichas en los relatos de García Márquez.

Muy famosa era la United Fruit cosechando sus propias piñas y sus bananos en esas extensiones más grandes que Bélgica de cada una de sus plantaciones. En 1954, para ci-tar otra de sus hazañas, mandó al coronel guatemalteco Castillo Armas a que se deshiciera del molesto presidente de Guatemala don Jacobo Arbenz, un tipejo que pensaba que Guatemala era un país, la United Fruit una empresa norteamericana y la soberanía un derecho de los pueblos.

Así que fue el coronel Carlos Castillo Armas a Ciudad de Guatemala, derrocó a Arbenz con apoyo de la aviación aceitada por la United, y le devolvió el país a sus dueños, o sea, entre otros, a Alan Dulles, que en ese entonces dobleteaba sus ingresos siendo director de la CIA y, al mismo tiempo, abogado de la United.

Neruda le hizo un poema de ira santa a la United y se han escrito muchas líneas en torno a esta empresa resuelta a usar la fuerza y a hacerlo con manifiesta frutalidad.

En fin, en 1970, harta de que la mentaran tanto y que le recordaran lo berraca que había sido, la United Fruit fue donde un notario en Ohio, donde está su casa matriz, y se cambió de nombre. Escogió un nombre de burdel chihuaheño que le vino al pelo: Chi-quita Brands. La verdad es que ese nombre se lo puso su nueva propietaria, la Zapata Corporation, una petrolera que en 1954 había fundado George Bush (el papá, no el idiota).

En fin, Chiquita Brands ha seguido sembrando y cosechando donde ha podido y donde la han dejado. Claro que no ha podido hacer todo lo que antes hacía. Por ejemplo, ordenar que a los trabajadores muertos se les enterra-ra en los plantíos para que sirvieran de abono (tal como lo contó el escritor Carlos Fallas en “Mamita Yunai”).

Lo que sí ha podido seguir haciendo es mandar a matar. Y lo ha hecho con el entusiasmo de siempre.

Lo ha hecho en Colombia, donde desde 1997 hasta el 2004 introdujo, clandestinamente, cientos de armas largas y llegó a pagarle a los bandoleros de la ultra derecha colombiana la suma de un millón con setecientos mil dólares. Con esas armas y con ese dinero las llamadas “autodefensas unidas de Colombia” asesinaron a 173 dirigentes políticos, sindicalistas y líderes comunitarios del Urabá, el ancestral territorio de la vieja United Fruit.

El asunto fue a juicio cuando Washington puso a los paramili-tares de derecha en la misma lista terro-rista donde estaban las FARC.

El 17 de septiembre del 2007, ante un juez del distrito de Columbia, Chiquita Brands, que en Colombia tenía el alias de Colombia Banadex S.A., se declaró culpable del delito “de involucrarse en transacciones con terroristas globales específicamente señalados”, frase que traducida al buen cristiano quiere decir que los directivos de la empresa sabían a quiénes financiaban y con qué propósito criminal depositaban 3 centavos por cada caja de banano en la cuenta del empresario colombiano Raúl Hasbún, quien se encargaba del reparto de la torta.

Lo increíble es que la corte norteamericana que juzgó a los directivos de Chiquita Brands los libró de la cárcel y sólo impuso a la empresa una indemnización de 25 millo-nes de dólares (no para las víctimas sino para incrementar los fondos del Departamento de Justicia). Es decir, admitió la ilegalidad de su conducta, las connotaciones siniestras de su asociación con el sicariato ultraderechista (y uribista) y la opacidad de sus cuentas, pero sólo se atrevió a “condenar” a la compañía sin individualizar responsabilidades.

¿Quiénes fueron los artífices de este fallo prodigioso?

Bueno, uno de ellos fue el abogado Eric H. Holder Jr., el jefe del equipo legal que defendió los intereses de Chiquita Brands. Holder Jr. fue adjunto del fiscal general durante el gobierno de Bill Clinton y es, hasta el momento de escribir estas líneas, uno de los más cercanos asesores del candidato demócrata y hoy presidente de los Estados Unidos, señor Barack Obama.