COSTA RICA, UN MAMARRACHO LLAMADO JUSTICIA

No hay duda que algo está pasando con la Justicia costarricense. Cada vez está más parcializada o cada vez está en manos de más ineptos o corruptos. Para muestra dos ejemplos.

El caso de la jueza novata:

En marzo del presente año fue incautada en la zona sur del país una cantidad aproximada de 300 kilos de cocaína los cuales fueron dejados en custodia en los Tribunales de Golfito, zona sur de Costa Rica y parte del país que domina el Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, la noche del 26 de marzo el cargamento completo, supuestamente custodiado por la policía costarricense, desapareció.

Don Jorge Rojas, Director del OIJ, no se echó atrás ante este revés. Se investigó el hecho y se determinó que había tres policías y cuatro civiles sospechosos de haber robado la cocaína de los Tribunales de Golfito, por lo que se procedió a su detención con el fin de que se dictaran medidas cautelares.

La sorpresa fue mayúscula cuando la joven jueza interina Andrea Vargas Villalobos, ordenó la libertad de todos los sospechosos, el mismo día en que se vencía su nombramiento.

Se ha tratado de justificar la actitud de la jueza en su juventud y su falta de experiencia. Consideramos que estas excusas ofenden a la inteligencia de la mayoría de los costarricenses, porque se supone que una persona que ostenta un título de licenciado en Derecho, debe tener el suficiente criterio para sustentar sus actos de manera lógica y, además se supone que el Poder Judicial prueba la capacidad de sus funcionarios antes de nombrarlos.

Podría ser que la joven jueza se hubiera visto expuesta a presiones contra ella o contra su familia, por parte de los propietarios de la droga, lo que vendría a probar que el deterioro en los últimos años en el sistema de seguridad costarricense ha sido mayúsculo. Podría ser también que haya recibido alguna retribución por su acto, lo que sería prueba irrefutable de que la corrupción ha penetrado al Poder Judicial hasta los tuétanos o bien que se trató de la falta de conocimiento de la jueza sobre materia legal, con lo que tendríamos que llegar a la conclusión de que en Costa Rica la justifica no solamente es ciega, sin o también retrasada mental.

El caso está en manos de la Inspección Judicial por lo que para aclararse tanta duda habrá que esperar que se resuleve.

Veamos ahora otro caso de la forma en que se administra Justicia en Costa Rica, cuando están involucradas las inversiones de compañías transnacionales, con base en el artículo escrito por José María Villalta.

Crónica de un tour empresarial por la mina Crucitas

El viernes pasado acompañé al diputado José Merino a la “inspección” que realizó la Sala Constitucional al proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas en Cutris de San Carlos. Se supone que esta diligencia era para recoger pruebas que ayuden en el estudio de los recursos de amparo presentados contra dicho proyecto. De ahí que el diputado del Frente Amplio tuviera derecho a participar, por haber interpuesto uno de esos recursos en conjunto con FECON.

Mi primera conclusión de esta experiencia es que no hace falta ser científico o constitucionalista para darse cuenta de que la mina de oro no debe abrirse. Bastó con sufrir el paisaje dantesco de esos bosques exuberantes de riquísima e inigualable biodiversidad reducidos a escombros podridos, junto a otros todavía en pie pero a la espera del mismo destino. Para dar cabida a las fosas polvorientas de la minera. Tierra lastimada, quebradas aterradas, un olor a muerte que me hizo imaginar las historias sobre los campos de batalla de la primera guerra mundial. Aunque no encontramos los almendros caídos -al parecer la empresa se encargó de desaparecerlos muy bien- la verdad es que no entiendo qué más prueba necesitan los jueces de Costa Rica para entender que este modelo de producción es inviable, insustentable y nos lleva directo al despeñadero. Para mí fue suficiente y sobró.

Sin embargo, seguimos con la “inspección”. En la universidad me enseñaron que en las diligencias judiciales las partes deben tener la más estricta igualdad de derechos y que los jueces tienen la obligación de garantizar que dicha igualdad sea respetada y actuar con la más absoluta imparcialidad. Nada de esto ocurrió en Crucitas. Fue un proceso desigual, totalmente sesgado y parcializado a favor de la trasnacional minera.

En el primer punto de inspección los magistrados y los representantes de Industrias Infinito S.A. entraron en carro. Acto seguido la policía bloqueó la calle pública y prohibió el ingreso de los demás vehículos, obligando a las otras partes a caminar cerca de tres kilómetros para llegar al lugar. Diputadas y diputados, ecologistas, universitarios y sus abogados, algunos de avanzada edad y con problemas de salud, llegaron al lugar de la inspección a pie, jadeando bajo el sol inclemente, mientras los jueces y la trasnacional minera ya tenían varios minutos de conversar alegremente. Cuando reclamaron que ese trato era “injusto”, recibieron regaños del magistrado Mora y la aclaración: “A mi la empresa no me ha dado nada”. En realidad, nadie había preguntado tal cosa.

A estas alturas estaba claro que lejos de “inspección” eso era más bien un paseo guiado por la empresa. Así había sido decidido por la Sala desde que rechazó una petición de Unión Norte por la Vida para que don Alfredo Arias, campesino vecino de la mina, quién conoce la zona como la palma de su mano, participara proponiendo lugares para inspeccionar. Don Alfredo sabe bien lo que hay ahí y lo que se podría perder. Pero los magistrados lo rechazaron porque, en sus palabras, los sitios a visitar ya habían sido “predeterminados”.

Predeterminados por la trasnacional. Esto es como el que tiene un cadáver que huele feo en la cochera de su casa. Cuando invita gente ni loco los lleva a la cochera, no vaya a ser que lo descubran. Pues así ocurrió. Los magistrados vieron lo que la trasnacional minera quiso que vieran. Nada más. Los llevaron a ver una parte del bosque talado y una naciente de agua acondicionada por la empresa, pero nunca pusieron un pie en los bosques que van a ser arrasados ni en las muchas otras nacientes que serán enterradas. Aunque los recurrentes lo pedimos, esos pedidos fueron ignorados. ¿Cómo entonces van a saber el daño real que la mina ocasionará? Si nunca vieron las fuentes de agua o las especies en peligro de extinción que se perderán.

El colmo fue cuando la empresa los llevó a ver el “vivero” con el que, dicen, van reponer el daño que dejarán sus inmensos cráteres. Algunos expertos advirtieron que en los chinamos de la feria del agricultor de Coronado se encuentra más diversidad de especies forestales nativas que lo que ahí había. Por supuesto que para ver eso no hacía falta ir hasta la frontera con Nicaragua.

El trato para las personas recurrentes fue desigual e incluso irrespetuoso y humillante. En cada lugar los magistrados escuchaban atentos las explicaciones de los mineros –sí, las mismas de la mina Bellavista en Miramar- del tipo “nuestra tecnología de punta a nivel mundial” y “somos la mina más moderna de América Latina”, pero cada vez que los recurrentes querían hablar se les callaba y se les recordaba que “esto no es una audiencia”. Para nada importaba que lo que tuvieran que decir fuera importante. El biólogo Javier Baltodano, experto en botánica, pidió la palabra en varias ocasiones para señalar hechos concretos como que, ahí donde no veían nada, había un enterolobium schomburgui o guanacastequillo (árbol en peligro crítico de extinción) o para aclarar, contra lo dicho por los mineros, que el área talada representaba apenas un 30% del bosque que sería destruido. Pero lo callaron. Lo mismo le pasó a la Yamileth Astorga de la UCR quién exigió que le explicaran lo que en un sitio ya inspeccionado se había hablado, porque, nuevamente, no había podido estar presente a tiempo debido a que los guardas de la minera no dejaron entrar el carro en que viajaba. De forma despectiva el supremo magistrado le dijo “pregúntele a su amigo”. Cuando se le increpó por qué no aplicaba la misma medida a los personeros de la empresa, respondió, “es que yo no puedo impedirles que hablen”.

¿Y el Ministerio de Ambiente? Fue absolutamente imposible distinguir entre sus funcionarios y los empleados de la compañía minera. Estaban totalmente fusionados. Defendían a la trasnacional hasta cuando nadie se los pedía. Desde que empezó la “inspección” percibí una sombra que se encogía detrás de los representantes de la empresa, siempre agachada para que nadie le preguntara nada. Por fin logré reconocerla. Era el ministro.

Al final del día Edgardo Araya de UNOVIDA logró que los magistrados fueran a ver dos nidos de lapa verde ubicados en una propiedad que colinda con la mina –a pesar de que los expertos de la empresa afirman que “por ahí no hay lapas”- Mientras los campesinos de la zona señalaban los nidos a los magistrados, un empleado judicial se dejó decir, en medio de las risas de sus compañeros: “pero si esos son nidos de zopilote”. A ese tampoco lo callaron.

Reconozco, no sin vergüenza, que en ese momento empecé a delirar. Soñé que bajaban del cielo las lapas furibundas y les picoteaban la cabeza a los mineros y sus mercenarios. Todos los demás llorábamos de alegría. Un instante de redención para la vida en medio de tanta porquería. No pasó.

Esa es la segunda conclusión de este tour. La justicia y la defensa de nuestro futuro no caen del cielo.

Por eso dejo para el final de este relato la parte feliz de la historia. La gente luchando.

Jóvenes, estudiantes, campesinos, amas de casa, ecologistas, educadores, trabajadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, de toda la zona norte y el resto del país se tiraron a la calle a defender la vida con dignidad, alegría y determinación. Cada vez es mayor el nivel de conciencia de estas comunidades sobre la estafa de la minería y sus falsas promesas. La movilización de gente en contra del proyecto fue contundente y notoriamente mayoritaria. La empresa no logró movilizar a prácticamente nadie.

Todo indica que de muy poco están sirviendo los chantajes que juegan con el hambre de las personas. De muy poco está sirviendo la complicidad del Gobierno que descaradamente vincula servicios que pagamos todos y que históricamente han sido negados a estas comunidades con el apoyo a la minería. De nada les ha servido abrir oficinas del IMAS en la sede de la empresa, para que la gente crea que esta es quién los brinda.

Pero no es solo que la conciencia y la movilización de la gente de la zona norte sigue creciendo cada día. Lo más importante es que este movimiento iniciado hace ya 16 años por un grupo de luchadoras y luchadores que siguen todavía en pie finalmente ha logrado ganar la conciencia y llegar al corazón de una gran mayoría del pueblo de Costa Rica. Hoy por hoy una inmensa mayoría de nuestro pueblo rechaza la minería metálica a cielo abierto como opción de desarrollo y se opone al proyecto Crucitas.

Tan es así que hasta la candidata Chinchilla, la misma del Gobierno de la guerra contra la naturaleza que promovió y permitió este desastre ambiental y hasta lo declaró de “conveniencia nacional”, ahora pretende confundir a la opinión pública con su posición sobre este tema. Dice su vocero que Crucitas será “el último” proyecto que promoverán.

Como ya el pueblo no come cuento vamos a tomarles la palabra. En la Asamblea duerme el sueño de los justos desde 2005 un proyecto de ley que presentamos con el exdiputado Gerardo Vargas Leiva (PAC) para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (expediente15.948) Aunque solo consta de dos artículos y está listo para votarse, lleva diez veces más tiempo en la Asamblea que el que los diputados tardaron en aprobar –sin leer- la ley del TLC que limitó el acceso a las fotocopias para estudiar. Desde la fracción del Frente Amplio estamos proponiendo que se conozca y se vote. Así veremos quién es quién. A ver si es cierto que ya no quieren más devastación de la naturaleza.

Hasta aquí esta crónica agridulce. A pesar de tanto irrespeto, tanta burla, tanta denegación de justicia, a pesar de tanta muerte, está la dignidad incomprable de un pueblo que se resiste a dejar sin país a nuestras nietas y nietos. Un pueblo que no va a permitir que siga la destrucción con o sin Sala IV. Ese es nuestro oro.

EL CARTEL DE TALAMANCA

El relato que de seguido les transmito, requiere una especial atención por parte del cuarto poder de la República –por lo que tiene de denuncia–, y del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en particular, en mérito de sus logros y su papel de conciencia lúcida de la Patria, en contra del Proyecto Minero Las Crucitas.
Allá en el bravío y asediado Caribe
Antes de adentrarse en la lectura le hacemos dos advertencias: No se sorprenda de lo que contamos de seguido, sino del hecho de que la más absoluta impunidad y silencio, rodean estos asuntos públicos que podrían dejar con la lengua afuera a don Sony Corleone. Tampoco se confunda: no estamos en Chicago ni en Sicilia, estamos en nuestro litoral Caribe, perla codiciada por los más espurios intereses mercantiles foráneos y nacionales, que sus coimas reciben y muy jugosas.
A los pies de la majestuosa cordillera
Resulta que en el cantón de Talamanca, desde hace años viene operando un grupo de personas que bien podrían denominarse “El Cartel de Talamanca”, por la forma en que vienen manejando algunos asuntos públicos, especialmente los políticos y desde luego, económicos.
El Cartel de Talamanca, al igual que las mafias de la droga, tiene su capo en la brillante cabeza de un audaz europeo conocido como Jan Kalina, propietario de un Hotel Las Palmas que nunca debió haberse construido, por estar ubicado en una zona protegida como refugio de vida silvestre. Ahí empezó mal la cosa.
A diferencia de los carteles de la droga, El Cartel de Talamanca se fue gestando en torno a las necesidades de Jan Kalina y su brazo armado, no está compuesto por matones ni sicarios –aunque a veces los contrata cuando la ocasión lo demanda–, sino que es más elegante, efectivo y “a la tica”, pues no pesan allí culatas ni escuadras, sino algo más a tono con nuestra rancia tradición de país de paz, democrático y estado social de derecho: en este momento su “gatillera” más connotada es la Licda. Paola Tummineli, quien funge como abogada a tiempo completo de la Municipalidad de Talamanca, pero que resulta una esforzada profesional que le roba tiempo a la noche, los feriados y los fines de semana, para atender con esmero a su mejor cliente; esta acuciosa profesional, en la práctica funge también como abogada de Jan Kalina y constituye el brazo armado del Cartel de Talamanca.
Éste es un Cartel muy particular, puesto que no tiene como fin el tráfico de drogas, ni la trata de personas, el contrabando de whisky ni los artículos de preferencia de los capos, todo lo contrario; su principal objetivo ha sido el control de las exóticas y exuberantes tierras del Caribe Sur de Limón y la protección a toda costa de su capo, Jan Kalina, quien tiene pendiente en su contra una orden de desalojo y demolición del Hotel Las Palmas, ha tantos años ya que ni siquiera podemos acordarnos ...
Cuando en la valiente administración de Carlos Manuel Rodríguez (MINAE), se ordenó el desalojo administrativo a Jan Kalina, éste buscó el mejor camino posible para desobedecerlo: un litigio contencioso-administrativo contra el Estado, que consumió más de diez años, durante los cuales, Las Palmas sentó sus reales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y ya nadie pudo sacarlo de ahí, porque todavía se encuentra ominosamente instalado en vez de demolido como la ley y los tribunales mandaron ha tantos años que ya ni siquiera podemos acordarnos ...
Pero la justicia tica, aunque a veces renquea y vaya en tortuga diesel, por fin llegó al final del caso con la apelación que hizo Kalina de la sentencia a quo y a pesar de que el asunto se fue en alzada al Tribunal Contencioso, ahí le recetaron a Kalina confirmación de la sentencia y “un tirón de orejas” que solo risa le ha provocado al europeo, porque más de CINCO AÑOS después de la confirmación del Tribunal, a los sucesivos ministros del MINAET, por esas cosas extrañas de la vida, se les ha acalambrado la mano, cada vez que deben firmar la orden del desalojo y demolición del Hotel Las Palmas.
Las denuncias ante el MINAET, ante el Ministerio Público, las gestiones ante la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República y las peticiones ante el mismo señor Presidente de la República, para que se ejecute la orden judicial de hace más de un lustro, no han faltado. Pero es que la novela apenas comienza...
Hilando fino y complejo
En su afán de lograr el control sobre los paradisiacos terrenos de Cahuita y Puerto Viejo, los estrategas a veces ocultos de esta trama, con los finos hilos de esta red enredaron al diputado Edwin Patterson, quien impulsó la Ley de Declaratoria de Ciudad para las Comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, Provincia de Limón, Nº8464, de 4 de octubre de 2005. Dicha ley fue promovida de buena fe, creyendo el noble diputado que se estaba velando por los derechos de antiguos ocupantes de esas tierras, cuando en realidad los fines eran otros, tal y como quedará demostrado más adelante.
En virtud de que dicha ley fue anulada mediante acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala respectiva, inmediatamente la acuciosa gatillera de esta novela, redactó un Decreto Ejecutivo tendiente a cercenar (reducir) las áreas terrestres del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y cínicamente ampliando las áreas marinas. Dichosamente ese decreto fue valientemente impugnado por parte del otrora Director de Asuntos Jurídicos del MINAE, Lic. Guido Cubero y anulado por resolución de la misma Sala Constitucional.
Ante el sonado fracaso, la incansable litigante no se da por vencida y esta vez, se saca de la manga un “Convenio Marco de Cooperación entre el MINAET y la Municipalidad del cantón de Talamanca para una gestión sostenible de los territorios del cantón de Talamanca” (sic), firmado con pleno conocimiento de causa por el actual Ministro del MINAET, Jorge Rodríguez Quirós y por el flamante Alcalde don Rugeli Morales, teniendo como testigos de honor a la Diputada Yalile Esna Williams y al eterno Presidente del Concejo Municipal de Talamanca, el Regidor George Brown Hudson..
Pese a lo sugestivo del nombre de dicho “convenio”, el mismo dista de ser “una gestión sostenible” y es más bien la entrega descarada y abierta al Cartel de Talamanca, por parte de las autoridades del MINAET, de toda la zona del Refugio incluyendo la marítimo-terrestre, para que continúe su festín; además, la Municipalidad se ha dado su propio banquete emitiendo permisos ilegales de uso a través de una mal llamada ventanilla única, principalmente a favor de extranjeros, que pagan miles de dólares por esas paradisiacas tierras, que de manera solapada y al amparo de ese ilegal y bochornoso convenio, redactado a la medida de Jan Kalina y asociados, se están repartiendo con la complicidad del Director del Área de Conservación Amistad Caribe, Cyrus Edwin Cyrus Cyrus (antiguo enemigo público de Jan Kalina, convertido hoy en uno de los brazos del Cartel de Talamanca, que a través de sus contactos políticos ha logrado que Edwin Cyrus Cyrus, sea hoy uno de los más connotados asesores de don Jorge Rodríguez Quirós, Ministro del MINAET).
Con la fuerza del derecho, no las armas
La situación del Ing. Edwin Cyrus Cyrus merece una atención especial, en virtud de fue reclutado mediante el chantaje por parte de la gatillera, como debe ser en este tipo de negocios. Ni las arañas tejen más fino, veamos.
La Licda. Paola Tumminelli, además de representar al Cartel, a Jan Kalina y a la Municipalidad de Talamanca, también representa a una serie de extranjeros; repetimos lo dicho que esta señora no duerme ni descansa nunca, pues su bufete no cierra ni en Semana Santa.
Estos extranjeros tan bien representados por la gatillera, supuestamente habrían pagado a Edwin Cyrus Cyrus por derechos que posteriormente fueron anulados por el mismo Edwin Cyrus (esto es otra novela), razón por la cual la gatillera lo había acusado públicamente de “ladrón”, amparándose en documentos y pruebas legales en su poder, ante lo cual Cyrus Cyrus no tuvo cómo defenderse y fue así como pasó, de ser declarado non grato por el Concejo Municipal de Talamanca, a un vertiginoso título de “hijo predilecto del Cantón de Talamanca” (sic); ya una vez bautizado, y después debió prestar juramento ante il capo Kalina quien, curiosamente, ese día estaba al lado del Director del Área de Conservación Amistad Caribe.
Igual mención merece don Jorge Rodríguez Quirós, actual Ministro del MINAET, quien a la sombra de Roberto Dobles siempre estuvo atento a los mandatos y necesidades del capo Kalina y asociados, quienes por falta de “pedigrí”, nunca fueron del agrado del ex ministro Dobles; éste nunca firmó los decretos diligentemente preparados por Tumminelli, siendo que los mismos sí fueron firmados rápidamente por Jorge Rodríguez, apenas alcanzó la cúspide en su condición de Ministro a.i.
La situación actual del MINAET es grave y requiere sobre todo del poder incisivo de la prensa, para que sea sacado del tinglado formado por el Cartel, ya que contrario a lo que todo mundo piensa, fue Jorge Rodríguez quien filtró a la prensa los detalles que causaron la caída de su jefe, Roberto Dobles –al mejor estilo de las vendettas italianas– y ello lo hizo, con el apoyo de los diputados(as) allegados al Cartel de Talamanca, quienes dentro de las “negociaciones” del TLC, incluyeron una petición específica: NO desalojar ni demoler el Hotel las Palmas en esta administración, pese a las cacareadas proclamas de Paz con la Naturaleza. Nadie se sorprenda de que cada voto a favor del TLC haya tenido su precio y algunos en contante y sonante (¿remember una piadosa fundación familiar?)...
¡Aún hay más, señoras y señores!... Pero hay que poner un punto final a esta novela, porque la prensa tiene aquí muchos capítulos para escribir. Y sin duda será un best seller al mejor estilo de la novela negra (policiaca).
Por todo lo expuesto, es que la loca de Gandoca anda silenciosa, aunque su corazón llore de impotencia ante tanta corrupción y la destrucción sistemática de ese Santuario Ecológico que es patrimonio de la humanidad, conocido como Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Como podrán ver la loca de Gandoca, debido posiblemente a su locura, anduvo por la superficie de un asunto que resulta mucho más que gravísimo y que sin necesidad de destaparlo, suelta su hedor por toda la provincia y amenaza contaminar a nuestras futuras generaciones.

LA TRANSNACIONAL DEL M ONTE ENFRENTA TRIBUNAL AMBIENTAL

En Costa Rica, las empresas transnacionales productoras de piña y algunas empresas también productoras, pero propiedad de empresarios costarricenses ligados a la política, se han dedicado a contaminar el agua potable que usan los habitantes de las zonas piñeras. La piña de exportación tiene un sabor dulce para los consumidores, pero amargo para muchos costarricenses.
A continuación la denuncia:

Con gran indignación han tomado los vecinos y las organizaciones ambientalistas del caribe las maniobras que del Monte esta realizando a fin de quedar impune, en el cierre de una empacadora de piña en Siquirres.

La Transnacional que siempre ha predicado ser respetuosa de la Legislación Costarricense, ahora solo porque el Tribunal Ambiental Administrativo ya no puede pronunciarse de otra forma porque han sido reiteradas las violaciones que se han registrado, la Empresa descarga toda la fuerza contra este tribunal alegando que las pruebas son espurias y que carecen de fundamento.

Estas multinacionales han sido intocables , nunca el peso de la ley ha sido para ellas por eso Del Monte no acepta que el Tribunal Ambiental Administrativo haya tomado la decisión de cerrar una planta Empacadora .

El Campo pagado que los costarricenses hemos visto el día de hoy pagado por la Transnacional del Monte, es una muestra clara del irrespeto que estas Empresas tienen para con la legislación Costarricense.

Queremos advertir a la opinión publica nacional e internacional, el peligro que encierra el desconocimiento publico de esta Empresa a un mandato de este Tribunal y hacemos un llamado a las organizaciones sociales y ambientales de Costa Rica para que respaldemos las medidas adoptadas por el Tribunal Ambiental Administrativo, ya que hay decenas de comunidades que pueden dar fé que las violaciones que hoy el Tribunal Ambiental castiga son reales y son muchas familias que pueden dar testimonio de lo que está pasando.

Las Organizaciones Ambientalistas y sociales nunca hemos planteado que dichas Empresas deben de eliminar la producción de piñas en País, pero si reiteramos que estas Trasnacionales deben cumplir con todas nuestras leyes y que no se justifica que los Gobiernos de turno sigan haciendo concesiones , como ha sido la tónica en el pasado.

Estamos convencidos que todo el berrinche que hoy presenciamos los costarricenses en los principales medios de comunicación, por parte de Del Monte es nada mas ni nada menos que la falta de costumbre que un Tribunal los ponga a derecho.

Las Organizaciones Ambientales y sociales de este País que sí hemos recibido el peso de ley en reiteradas ocasiones, seguimos creyendo en nuestras leyes, estamos convencidos que en el campo Social y Ambiental tenemos muchas leyes y mejores que muchos Países, el problema está en que hemos sufrido parcialidad para la aplicación de las mismas , por eso apoyamos nuestro sistema legal pero reiteramos que han sido hechos para aplicarlos a todos por igual.

Carlos Arguedas Mora

Secretario de Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Sindicato SITRAP