CENTRO DE REHA BILITACION DEL IAFA Y PROPIEDAD PRIVADA

Durante los últimos días ha aflorado, por medio de la prensa, el problema que existe entre un grupo de vecinos de Barrio Roosvelt en San Pedro de Montes de Oca y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), por la construcción de un centro de rehabilitación para adictos en este barrio residencial de clase media alta. No queremos tomar partido en esta lucha, porque sabemos que la lucha contra la drogadicción debe ser un objetivo primordial de todo gobierno, sino que lo que buscamos es resaltar la serie de contradicciones que han aflorado con este hecho.

El Interés del IAFA en solucionar el problema:

Debemos recordar que el IAFA, ni ninguna de las dependencias que supuestamente deben de ocuparse de luchar contra las drogas y sus efectos, había mostrado interés alguno en ayudar a los drogadictos del país, si no que fue un fallo de la Sala Constitucional el que obligó al Estado a construir este centro de adictos, así es que cualquier posición de los funcionarios del gobierno a favor de este centro es falsa y demagógica y lo único que busca es tratar de eludir las responsabilidades de los funcionarios públicos en este problema.

La imagen del país ante el inversionista nacional y extranjero.

El gobierno ha vendido siempre una imagen en el exterior de que en Costa Rica existe la legislación adecuada para garantizar la seguridad a los inversionistas- Parte de esa legislación la constituye n los Planes Reguladores. De esta forma si un inversionista compra una propiedad en zona residencial, sabe que gozará de las condiciones de que se esperan de una zona de este tipo. Este es el caso de la zona en que se levanta esta obra. De acuerdo con el Plan Regulador no se pueden construir edificaciones superiores a los quinientos metros cuadrados, sin embargo el citado centro abarca dos mil cuatrocientos metros cuadrados de construcción y su uso no es precisamente residencial.

A pesar de que la Municipalidad de Montes de Oca trató de clausurar a tiempo la construcción del centro en ese lugar, un pronunciamiento memorable de la Procuraduría General de la República indicó que el Estado no está obligado en las construcciones que realice a contar con certificado de uso de suelo, licencia municipal constructiva y acatamiento del Plan Regulador. Este pronunciamiento acomodaticio, el único mensaje que envía a los inversionistas nacionales y extranjeros es que si ellos invierten en un residencial de lujo, con canchas de golf incluidas y posteriormente al Estado se le ocurre construir un botadero de basura, a lado, puede hacerlo porque por ser el Estado está libre de toda regulación. Tomen nota de esto los inversionistas nacionales y extranjeros.

En conclusión parece que los planes reguladores y toda la legislación conexa, son de acatamiento obligatorio cuando se trata de destruir viviendas humildes e incluso edificaciones comunales construidas en la zona marítimo terrestre desde hace muchos años, pero no son de acatamiento para el Estado, cuando alguien tiene la ocurrencia de construir un centro de rehabilitación en una zona residencial.

El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.

Después de este sesudo pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que permitió la construcción del Centro, los afectados acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual emitió un fallo que se trato por el sueldo el criterio acomodaticio de la Procuraduría.

Ante el argumento de que el IAFA había tenido que construir en ese lugar por mandato de la Sala Constitucional, indica el fallo “que la necesidad de crear un centro de este tipo no conlleva la afectación del derecho de propiedad de los vecinos por la desaplicación del ordenamiento urbanístico”.

Indica además el Tribunal que “no es posible concretar el proceso de planificación y ordenación urbana al que aspira la Ley de Planificación Urbana desde 1968, si se permite a entes públicos desaplicar e irrespetar –en todo el territorio- normas de orden público”.

Este fallo del Tribunal viene a demostrar que lo que mal comienza, mal acaba. El Gobierno de Costa Rica construyó este centro, no por su propia voluntad, sino porque la Sala Constitucional se lo ordenó. Ahora cabe preguntarse por qué se escogió este sitio? Puede ser que haya sido porque era la forma más fácil de salir del paso o porque el IAFA, dentro de la guerra interna que mantienen entre si las instituciones antidrogas del país, quisiera que no hubiera riesgo de que el Centro saliera más adelante de su control.

Debe recalcarse que en todo este proceso, el Estado costarricense ha hecho uso de su arma favorita. La mentira. En los documentos entregados a SETENA el IAFA indica que se trata de una ampliación de sus oficinas y no de la construcción de una obra nueva. Según han manifestado los vecinos gran parte de la obra se construyó durante los fines de semana, que es cuando las autoridades municipales no realizan supervisión de obras.

En conclusión por el empecinamiento, falta de planificación, mala fe o estupidez de algunos funcionarios públicos, se encuentra en peligro una inversión de mil doscientos millones de colones.

El no perder esa inversión, no debe ser pretexto para buscar alguna forma demagógica para burlar el fallo de un Tribunal e institucionalizar el irrespeto a la propiedad privada por parte del Estado. Se debe buscar a los culpables y desenmascarar sus verdaderas intenciones ante la opinión pública.

Y qué dirá doña Laura Chinchilla?

Hace varios meses cuando la hoy candidata presidencial del Partido Liberación Nacional ocupaba el puesto de Ministra de Justicia, y dijo en una entrevista que le hiciera el Periódico OJO, que la construcción de este Centro de Rehabilitación sería el trofeíto que ella se llevaría al dejar el gobierno. Estará dispuesta doña Laura a dar las explicaciones del caso, sobre la irregular forma en que se construyó su trofeíto?